La entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos representa uno de los cambios más relevantes de la última década en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad para la empresa se amplió de forma sustantiva, junto con un endurecimiento del régimen de penas.
En este nuevo escenario, contar con un modelo de prevención de delitos meramente formal ya no es suficiente. Las organizaciones deben revisar la idoneidad y la operación efectiva de sus programas de cumplimiento, asegurando que respondan a los riesgos concretos de su industria.
Recomendamos a las empresas realizar un diagnóstico de brechas, actualizar sus matrices de riesgo y reforzar los canales de denuncia y los procesos de investigación interna. La prevención, hoy más que nunca, es la mejor estrategia de defensa.
